CIUDAD DE MEXICO.- Apenas al principio de la semana pasada, Enrique Peña Nieto externó que las elecciones del próximo 5 de junio no determinan el rumbo de la elección presidencial de 2018; que no son un adelanto de aquéllas y sus resultados para nada proyectarán lo que pueda suceder en los comicios de ese año, cuando se renovará la Presidencia de la República.
Sin embargo, para Luis Carlos Ugalde, el polémico presidente (2003-2007) del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), Peña Nieto sólo en parte tiene razón: “La lógica de una elección local es diferente a la de una nacional. Una y otra tienen poco que ver en cuanto a los temas de discusión. Pero lo que está en juego en 2016 no es una lucha de ideas, sino una lucha de control regional para la movilización del voto”, afirma. Y remacha:
“Las elecciones del domingo son la última estación antes de la presidencial de 2018. Son muy relevantes por el número de entidades en juego, por su peso electoral y económico. Simplemente Veracruz es 7% del padrón electoral, y si le sumas las otras entidades, es 30% de la lista nominal de electores.
“De tal forma que en un sistema electoral donde todavía es muy relevante la movilización electoral y el clientelismo, el control regional de muchos gobiernos locales sí importa para ganar comicios.”
Por ejemplo, explica, “si el PRI perdiera Veracruz, claramente estaría con un obstáculo serio para la Presidencia en 2018. Entonces sí importa”.
El economista por el ITAM y doctor en ciencia política por la Universidad de Columbia, en Nueva York, confía: “Hace pocos meses yo pensaba que al PRI le iba a ir bien relativamente en 2016, pero que en 2018 le podría ir muy mal. Ahora siento que al PRI le va a ir menos bien de lo que pensaba, y sigo pensando que en 2018 tiene un desafío mucho mayor”.
El entrevistado sabe –y se le comenta– que no goza de la mejor fama pública. Que en la memoria de la sociedad quedó como artífice de un fraude electoral en 2006, que llevó a la Presidencia de la República a Felipe Calderón –con apenas una diferencia de 0.56% del total de los votos– sobre Andrés Manuel López Obrador, quien no aceptó el resultado, impugnó, alegó fraude y movilizó a buena parte de la población.
Proceso fue el medio más persistente en la cobertura de los hechos del 2 de julio de 2006. Inclusive llevó el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de acceder a toda la paquetería electoral de ese entonces, para que, de nuevo –con base en los términos del derecho a la información que le asistía–, se contara voto por voto y casilla por casilla, frase que López Obrador convirtió en un estribillo muy coreado en sus monumentales concentraciones públicas.
El reclamo de Proceso llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, encargado de vigilar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se analizó prácticamente durante todo el tiempo de la gestión presidencial de Calderón. Al final, en noviembre de 2011, la CIDH dio carpetazo a la solicitud de Proceso. Y ya no se supo, ni se sabrá, si Calderón realmente ganó aquella elección.
Ugalde se dice con la conciencia tranquila. “Yo estoy muy orgulloso de haber sido el presidente de una gran institución como era el IFE, hoy INE. La vida tiene ciclos profesionales, ese ciclo concluyó, y yo me siento orgulloso de haber desempeñado ese cargo en ese momento, de haberlo hecho con legalidad. Yo no estaba en un concurso de popularidad”.
Reformas fallidas
Retoma el asunto de los comicios que se celebrarán el próximo 5 de junio, y afirma categórico que las dos últimas reformas político-electorales (la de 2007 y la de 2014) han resultado fallidas, entre otras cosas porque han surgido de trueques o cambalaches entre partidos: uno, el que está en el poder, pide una cosa, y el otro la concede, pero a cambio de otra.
“Las reformas de esos años se han usado como moneda de cambio por otros fines políticos, y eso ha echado a perder al sistema electoral.”
En 2007, el gobierno de Calderón quería hacer cambios en el régimen tributario. Deseaba aprobar, entre otros, el Impuesto Empresarial a Tasa Única, que desapareció el actual gobierno; luego, un impuesto adicional y generalizado de 2% al consumo –que no prosperó, pero a cambio se permitió aumentar un punto porcentual a la tasa del Impuesto al Valor Agregado, IVA, para que quedara en 16%– y el impuesto a los depósitos en efectivo de 3%, y pudo lograrlo sólo a cambio de ceder en la reforma electoral que impulsaba el PRI, principalmente a través de Manlio Fabio Beltrones.
Pero esas modificaciones legales, dice Ugalde, atentaban contra la independencia y la autonomía de los órganos electorales.
Fiscalización: el cambio urgente
–La reforma de 2014 le agregó 74 atribuciones al INE, 53 de ellas relacionadas con las elecciones locales. ¿Usted qué le quitaría para hacer más fluido el trabajo de la institución, que hoy parece asfixiarse con tantas tareas? –se le inquiere.
–Sin pensarlo mucho, toda la grasa regulatoria, que es mucha, y eso significa un proceso de desregulación; no se debe regular el contenido de los spots, que cada quien diga lo que se le pega la gana, y si hay calumnia, que se combata por la vía civil.
“Dos: el INE debe dejar de estar dedicado a fiscalizar las campañas de todo el país, pues no tiene la capacidad. Es más, la fiscalización como está concebida hoy es bastante irrelevante, porque revisan sólo una porción de lo que ocurre en la realidad. Buena parte de las transacciones de las campañas no se reportan a la autoridad, no pasan por el sistema financiero o bancario.
“Es más, lo que una campaña gasta a veces ni siquiera es conocido en la campaña, muchos pagos para promover a un candidato ocurren por terceras personas, empresas, gobernadores. Muchas campañas son pagadas por gobernadores de otra entidad.
“Entonces, ¿cómo vas a fiscalizar los gastos reales de una campaña si muchos de esos gastos ocurren fuera de esa entidad, por otras personas, por otras empresas? A veces, quizá el candidato ni siquiera sabe quién está pagando muchos de los servicios. Entonces se tiene que modificar el enfoque de la fiscalización.
Industria de la corrupción
“La solución es cómo controlas el dinero, generas contrapesos a los gobernadores, haces que los congresos locales vuelvan a funcionar, combates la corrupción de los cabildos y de los ayuntamientos, combates la creciente corrupción de muchos medios de comunicación que viven del erario y se dedican a extorsionar campañas, y solucionas la práctica creciente antropológica-cultural de la venta del voto, donde comunidades se asocian para exigir dinero a los candidatos en campaña.”
Y explica: “Lo que hay que hacer de manera urgente como país, creo yo, es atacar el problema central, el cáncer fundamental de las elecciones en México, que es el dinero; el financiamiento corrupto de las campañas, en donde las campañas para gobernador cuestan en ocasiones ocho o 10 veces más que lo que la ley permite. ¿De dónde sale ese dinero? Del gobierno, del estado, de empresarios, de coyotes, de gente que quiere obtener permisos, de contratistas. Y en ocasiones, aunque no creo que muchas, del crimen organizado.
“Ése es el problema central. Cuando requieres mucho dinero para acceder a un cargo público generas dos problemas: uno es la complicidad, porque necesitas conseguir gente que te pague la campaña… Antes de que gobiernes, ya eres cómplice de todos los que te pagan la campaña, incluido el gobernador de tu estado. Y el segundo es el pago, porque tienes que pagar cientos de millones de pesos que debes, y ahí empieza el problema de corrupción en la obra pública, en permisos, en contrataciones.”
Concluye: “Entonces, corrupción y complicidad es lo que está en el centro no sólo de los procesos electorales, sino de la política mexicana. Si no atacamos ése, que es el problema central, todo lo demás es secundario”.
“Cuando requieres mucho dinero para acceder a un cargo público generas dos problemas: uno es la complicidad, y el segundo es el pago, porque debes pagar cientos de millones de pesos que debes, y ahí empieza el problema de corrupción en la obra pública, en permisos, en contrataciones.”:
Luis Carlos Ugarlde, expresidente consejero del IFE
