La Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos constituye la base fundamental para la construcción de un México pluricultural, afirmó el coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz.
Durante la conferencia magistral “Reforma Constitucional, Armonización Legislativa y Presupuesto Directo”, que dictó en el Congreso del Estado de Morelos, el abogado indígena, oriundo de la mixteca oaxaqueña, sostuvo que las malas prácticas prevalecientes en materia de justicia se recrudecen cuando se trata de personas indígenas o afromexicanas.
“Si le preguntamos al ciudadano de a pie su experiencia con la justicia, estoy seguro que la experiencia es negativa. Casi la mayoría de nosotros somos signos de pesos, o sea, nos ven con signo de pesos en muchas instancias de procuración e impartición de justicia”, aseveró.
Expuso que las políticas de estado de antaño trataban a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de interés público, producto de la reforma del 2001, donde se reconoció su existencia, pero se les segregó.
“Ahora con el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público establecido en la reforma constitucional, se les atribuye personalidad para ejercer derechos por sí mismos y administrar recursos públicos”, agregó.
Autoridades oaxaqueñas inauguraron el el Congreso Indígena y Afromexicano para brindar reparaciones a las comunidades indígenas y afromexicanas.https://t.co/upYSKDpCYo
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) February 2, 2025
De esta manera, ante la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Jazmín Solano López y de la presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, Guillermina Maya Rendón, explicó que las comunidades indígenas y afromexicanas no tenían un reconocimiento jurídico para ejercer sus derechos, ni podían suscribir convenios con alguna dependencia del Estado, por carecer de personalidad jurídica.
“En su caso, lo tenían que hacer a través de su Municipio y no podían recibir recursos públicos de manera directa, si les iban a donar una ambulancia, un vehículo, no lo podían recibir. Tenía que recibirlo el municipio y luego el municipio donarlo a la comunidad indígena”, señaló.
Subrayó que ahora cualquier comunidad tiene la personalidad jurídica para suscribir convenios y recibir recursos públicos, sobre todo ahora, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha creado el componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
La iniciativa de la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas se elaborará de manera colectiva para que responda a sus aspiraciones, aseguró el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes. https://t.co/MoGQPVP6qs
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) January 13, 2025
Destacó que uno de los primeros efectos de reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y afromexicanas es la posibilidad de acceder de manera directa a los recursos públicos.
“Es un cambio trascendental el reconocimiento a los pueblos y comunidades, a los cuales se les reconoce la capacidad de tomar en sus manos decisiones fundamentales de su vida. Ya no se les va a ver como objetos de estudio, como eran en muchos casos, o como sujetos de interés”, afirmó.
Aguilar Ortiz dijo que la reforma constitucional plantea muchísimos retos a nivel de cambios legislativos; a nivel de cambios institucionales; a nivel de cambios en política pública, y en general, a nivel del cambio del trato con los pueblos.
“En el INPI así entendemos este planteamiento básico de nuestro Gobierno cuando dice, que por el bien de todos primero los pobres”, terminó.
