Israel García Reyes
Este día se dio a conocer que por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para acatar las medidas precautorias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó continuar con los trabajos preparatorios de revocación de mandato, además de realizar una adecuación presupuestal y, en su caso, solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos adicionales para organizar este ejercicio.
Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó que el órgano legislativo hará lo que esté a su alcance, pero advirtió que nadie está obligado a lo imposible.
Apuntó que se debe revisar a detalle la sentencia de la Sala Superior del TEPJF, que dijo, obliga a Hacienda para dotar de los recursos que solicite el INE luego de hacer los ajustes presupuestarios que correspondan, mismos que ya se realizaron y como resultado se alcanzó una bolsa de mil 503 millones de pesos.
Explicó el consejero presidente:
“Veremos cuánto logramos y si falta, la sentencia es clara, iremos a la Secretaría de Hacienda y ya se le pidió a Hacienda, pero ahora Hacienda no va a poder contestarnos lo que ya nos contestó en otras ocasiones cuando le pedimos recursos para hacer la consulta popular, Hacienda nos contestó en un oficio: “recordemos porque luego la memoria es breve- el gobierno federal tiene otras prioridades, hazlo como puedas, si nos contestaron eh, eso ya no lo va a poder hacer Hacienda, tendrá que fundar y motivar por qué no nos da los recursos”.
Indicó que si luego de hacer los ajustes y la eventual solicitud presupuestal, no hay recursos, el INE hará lo que pueda con lo que tiene, aunque esto implique incumplir con los lineamientos como la instalación de menos casillas de las 161 mil establecidas en la ley.
Por último, Córdova pidió que no se lea la sentencia a conveniencia y subrayó que ésta señala que los ajustes presupuestales deben hacerse sin afectar otras obligaciones constitucionales como es la expedición de credenciales para votar, fiscalización, monitoreo y derechos laborales, principalmente.
FOTO: El Heraldo de México
