Con la asignación directa de recursos públicos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se fortalece la aplicación de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, afirmó el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
En la “Conferencia del Pueblo”, el funcionario presentó la estrategia de implementación de la reforma a la titular del Ejecutivo federal y aseguró que un componente fundamental de esta iniciativa constituye la asignación de recursos públicos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para su administración y ejercicio de manera directa, como sujetos de derecho público y de conformidad con sus sistemas normativos y con base en sus formas de organización económica, social y cultural.
Para esto, explicó que la administración federal ha consolidado el Anexo Transversal 10 (AT10) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, donde se contemplan 55 programas con un monto de 221 millones 032.86 pesos.
Además, detalló que en el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se abre un nuevo componente destinado a los pueblos indígenas y afromexicanos con un monto de 12 millones 374 mil pesos.
La instalación del Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues coordinará los trabajos para la plena implementación de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. https://t.co/SMA6WNUGkB
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) December 16, 2024
Detalló que el INPI con el apoyo y con el trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho una revisión al marco metodológico del AT10, porque tiene como destinatario el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Precisó que uno de los avances notables en el AT10 es el incremento de los programas, pues se pasó de 48 del 2024 a 55 en este 2025, así como un aumento de 153 a 221 millones de pesos para este año.
Subrayó que en el AT10 también se presenta un incremento de 12 programas presupuestarios destinados al Desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria; Reconstrucción y conservación de carreteras; Provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transportes y Producción y distribución de libros y materiales educativos, entre otros.
Resaltó que los cambios normativos del AT10 están relacionado con la incorporación del nuevo marco constitucional mediante la implementación de los derechos y el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Aparte de esto, subrayó que en las disposiciones para la operación de los programas se considera la participación efectiva y directa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se ha traducido a 50 lenguas ante una suma de esfuerzos entre el INPI, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), y el INALI.https://t.co/5xfunuuoKM >
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) December 10, 2024
También, destacó que las dependencias y entidades de los programas de infraestructura otorgarán preferencia a las obras priorizadas en los Planes de Justicia y Desarrollo Regional, así como en otros procesos de planeación regional.
Precisó que los programas correspondientes al AT10 deberán observar los criterios emitidos por el INPI para la implementación y seguimiento de los programas incluidos, así como las opiniones de mejora.
De la misma manera, resaltó que el INPI integrará la valoración de resultados realizados por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a nivel regional, respecto de la ejecución de los recursos, su focalización, perspectiva de género, derechos indígenas y afromexicanos, así como pertinencia cultural.
Regino Montes dijo que esta estrategia del gobierno federal materializa el carácter de sujetos de derecho público de los pueblos indígenas y afromexicanos en los términos establecidos en la Constitución Política federal, como un elemental acto de justicia social.
