A una década de la aplicación del Sistema Acusatorio Adversarial en Oaxaca, la sociedad se encuentra insatisfecha con sus resultados, por la excesiva protección a los derechos humanos y garantías individuales de los acusados de la comisión de delitos, así como la percepción que el propósito es despresurizar los penales y no aplicar justicia, afirma el abogado litigante Israel Ochoa Lara.
Reconoce que la prisión preventiva ha sido uno de los elementos más controvertidos de la reforma. “Antes si alguien se robaba un lápiz iba a la cárcel y el nuevo sistema establece que no todos los delitos ameritan prisión preventiva, porque se respetan más los derechos humanos de los imputados”.
Subraya que, sin embargo, esto ha traído problemas en el sistema, porque como se implementó de la nada los operarios han aprendido en base a cursitos que les han ido dando, pero no con base en una carrera profesional o universitaria, lo que conlleva la improvisación de jueces, ministerios públicos, defensores y demás; lo que nos tienen en problemas ahora porque a veces los jueces dictan resoluciones que no dejan satisfecha a la gente”.
EL NUEVO SISTEMA
El 9 de septiembre del 2007 entró en vigor el nuevo código penal del estado y se instrumentó el nuevo sistema de justicia penal en al entidad, en la región del Istmo de Tehuantepec.
Sin cárcel
Añade que la misma parte oficial que implementó el sistema se encuentra insatisfecha por el problema de la prisión preventiva, pues estábamos acostumbrados a que, por cualquier delito, la gente iba a la cárcel por mínimo que fuera y ahora quedan en libertad personas que son acusadas de delitos bastante graves.
“Estos detalles cuestionan al sistema, porque los ciudadanos se preguntan por qué si los detienen prácticamente en flagrancia de repente quedan libres y es porque los jueces están interpretando con demasiada rigurosidad el asunto de los derechos humanos de los imputados y la presunción de inocencia, lo que deja un sentimiento de insatisfacción en la sociedad y en los mismos implementadores del sistema”.
Ochoa Lara dice que los mismos funcionarios federales están cuestionando el sistema y plantean revisar el asuntos para buscar alternativas a fin de que la sociedad sienta que el sistema sí funciona, que se aplica la justicia y hay seguridad, “porque como sociedad no estábamos acostumbrados a que la persona que era acusada de un delito saliera en libertad así como así”.
Homologar criterios
El abogado postulante expresa que existen diversos criterios para aplicar la ley, porque se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en las regiones de Oaxaca, por ejemplo, se tienen ciertas diferencias y por eso se está proponiendo revisar la parte de la prisión preventiva porque hay muchos delitos, que legalmente no lo ameritan o bien, los imputados tienen derecho a la libertad haciendo uso de esa garantía.
“El problema es la imposición, más que la implementación, del sistema de justicia penal al que nosotros no estamos acostumbrados y no da los resultados que la gente esperaba; se impone, insisto, que fue una imposición que vino desde los Estados Unidos, pero no está dejando satisfecha a la sociedad”.
Comenta que se gastaron millones de pesos en instalaciones y capacitación de los involucrados, “pero se hizo con base en cursitos, no a estudios profesionales en una universidad y una experiencia en el uso del sistema, sino que de repente dijeron: vamos a tirar esto a la basura porque no sirve, es un sistema inquistorio, que viola derechos humanos, que priva a los ciudadanos de derechos fundamentales, e imponen lo nuevo, pero partió de cero y estamos pagando las consecuencias”.
