Más de 200 organizaciones y personas de la sociedad civil solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, ante la imposibilidad de resolver el caso de la jueza Erika María Rodríguez que fue propuesta para ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y se designó a dos varones, ejerza su facultad de atracción, para proteger los derechos de las mujeres y la independencia judicial, acorde a los más altos estándares internacionales.
A través de un documento público fechado en la Ciudad de México y Washington D. C., Estados Unidos, manifiestan que la jueza Rodríguez ha emprendido una lucha por la paridad de género y la independencia judicial en Oaxaca y en todo México; sin embargo, ello ha motivado que desde el Poder Ejecutivo estatal presuntamente se haya iniciado una campaña de intimidación y criminalización en su contra.
Recuerdan que en mayo de este año se publicó una convocatoria para ocupar dos vacantes de magistrado y/o magistrada en el Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca. Después de concluidas las etapas iniciales del proceso de selección, que incorporaron medidas para promover la paridad de género, la jueza Rodríguez fue seleccionada por sus méritos; sin embargo, diversas irregularidades incurridas en el órgano legislativo colocaron la decisión final en manos del gobernador, quien designó para estos cargos a dos varones, ignorando las medidas afirmativas de la paridad de género y afectando la independencia judicial.
Agrega que, ante esta situación, la jueza Rodríguez promovió un amparo en contra de las designaciones realizadas y de las actuales normas constitucionales locales.
“Ante la gravedad de los hechos, el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, hizo un llamado a México para que se respeten los derechos de la jueza Rodríguez, y señaló que preocupa la falta de respeto al procedimiento constitucional para ocupar vacantes en el Tribunal de justicia del Estado de Oaxaca. La magistrada Rodríguez fue seleccionada por el Consejo de la Judicatura y por el Congreso del Estado”.
Mencionan que, posteriormente, el Ejecutivo estatal encargó al Consejero Jurídico iniciar una investigación en contra de la jueza Rodríguez, en un claro intento de inhibir su lucha, alegando la causa de un perjuicio. La investigación en su contra se sustenta en supuestos delitos contra la Ley de Amparo, dado que no habría mencionado su participación en una anterior convocatoria exclusiva para mujeres, en la que no alegó haber sido afectada (pese a que tampoco fue seleccionada).
“Expresamos nuestra auténtica preocupación por el uso del derecho penal para perseguir a una jueza que defiende legítimamente sus derechos, y lucha para lograr la representación paritaria en el sistema de justicia de Oaxaca. El uso de procedimientos penales espurios contra operadores de justicia vulnera la garantía frente a presiones externas que se deriva del principio de independencia judicial, y se encuentra prohibido por el derecho internacional. Claramente, la lucha de la jueza Erika María Rodríguez ha tocado intereses del titular del Poder Ejecutivo local, quien de manera arbitraria designó a personas que no eran las más calificadas para ocupar altos cargos en el Poder Judicial en Oaxaca”.
Subrayan que, en Oaxaca, y en todo México, se necesitan tribunales realmente independientes, en los cuales se garantice la representación paritaria de las mujeres, y la independencia judicial respecto de los poderes legislativo y ejecutivo.
“Por ello hacemos un llamado a la Suprema Corte de la Nación, al Poder Judicial Federal, para que, ante la imposibilidad de resolver este caso de manera imparcial a nivel local, ejerza su facultad de atracción, para proteger los derechos de las mujeres y la independencia judicial, acorde a los más altos estándares internacionales señalados por el Relator Especial Diego García-Sayán, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
