A la pena de 50 años de prisión fueron condenados seis integrantes de una banda de secuestradores que operaban en los Valles Centrales, y eran comandados por un ex agente de investigación que fue detenido en la zona del Istmo de Tehuantepec.
Durante la audiencia de lectura de sentencia, los jueces integrantes del tribunal impusieron la pena de 50 años de prisión, que es la mínima en el delito de secuestro, cuya máxima es de 90 años. El asesor de la víctima había solicitado la pena de 60 años de prisión.
El secuestro del empresario dedicado a la venta de tortillas ocurrió en una colonia del municipio de Santa Lucía del Camino, el 23 de agosto del 2016, al ser interceptado por sujetos armados que lo llevaron a una casa de seguridad en la colonia La Joya en la agencia municipal de Pueblo Nuevo.
A las 21:24 horas del mismo día, los sujetos realizaron una llamada telefónica a la esposa de la víctima, a quien le dijeron que requerían dos millones de pesos para dejarlo en libertad.
Las negociaciones
El caso fue denunciado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, y por lo cual con la asesoría de los agentes policíacos, iniciaron las negociaciones.
La mujer recibió amenazas por teléfono que si no pagaba, no vería a su esposo y por lo cual se concretó el pago de 103 mil pesos el 24 de agosto, frente al centro comercial Macro Plaza en Santa Lucía del Camino.
Pero cuando los secuestradores llegaron al lugar, se percataron que habían muchos policías y por lo cual decidieron ya no cobrar y nunca más volvieron a llamar.
Continúan las investigaciones
Pero las investigaciones siguieron por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y a través de las indagatorias con equipo tecnológico ubicaron la casa de seguridad en la calle de Perla de la colonia La Joya en la agencia municipal de Pueblo Nuevo.
A las 18:15 horas del 29 de agosto, los elementos policíacos ingresaron al inmueble y en la sala procedieron a detener a José Soto y Yair, en tanto en las escaleras a otro, uno más en el baño donde tuvieron a la víctima y otros dos en el segundo nivel del edificio.
Los presuntos secuestradores fueron detenidos en el domicilio y por lo cual quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.
Las declaraciones de la víctima ante la autoridad ministerial reveló que siempre lo tuvieron en el baño, donde acudían los plagiarios y lo amenazaban.
Los abogados defensores público y privado pidieron al juez anular las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público, una de ellas fue la intervención telefónica de la línea propiedad de la víctima y otra que al ingresar al domicilio fue sin orden de cateo.
El fiscal del área de combate al secuestro expuso en audiencia que la intervención telefónica inició, pero las llamadas que hicieron los plagiarios fue del secuestrado y además ingresaron al domicilio por ser un delito continuo y estaba en peligro una vida, reforzando el dicho con una jurisprudencia.
