La Ley de Amnistía que aprobó en la víspera el Senado de la República es un logro de la justicia social y un acto de humanidad que refrenda los ideales del actual gobierno de México, afirmó el diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Horacio Sosa Villavicencio.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 64 Legislatura expresó que la Ley de Amnistía es una muestra de que en medio de la contingencia sanitaria no se puede dejar de lado a quienes se encuentran presos por delitos menores y tienen derecho a la salud.
Dijo que la decisión de la mayoría del Senado trata de salvar vidas, de evitar el contagio masivo en las cárceles para mexicanas y mexicanos, por lo que es una medida dictada por la propia contingencia del COVID-19.
Peligrosos se quedan encerrados
Sosa Villavicencio manifestó que además se prevé liberar a presos no peligrosos, no a delincuentes, asesinos, feminicidas, secuestradores, nasaltantes a mano armada, violadores, ni a los integrantes de la delincuencia organizada.
“No se liberará a ningún delincuente peligroso, sino se concederá la libertad a personas que por alguna razón de necesidad cayeron en la cárcel, que cometieron un delito menor, que quieren rehabilitarse e integrarse a la sociedad, pero las leyes actuales no lo permiten y deben permanecer en centros de reclusión, a pesar de la pandemia del COVID-19 que los hace sumamente vulnerables a la enfermedad”.
El legislador morenista destacó que la medida es acorde con los estándares internacionales de protección contra violaciones a los derechos humanos de las personas procesadas o sentencias que abogan por el uso razonable de la pena de prisión, con las reglas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, que señalan que se debe reducir la aplicación de las penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal a través de la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como el deber de poner a disposición de la autoridad competente una amplia serie de medidas sustitutivas posteriores a la sentencia, a fin de evitar el internamiento.
Esto -dijo- independientemente de que la propuesta es un acto de reivindicación y de justicia social, no de impunidad, cuya aprobación resultaba urgente y necesaria en el contexto actual de crisis de salud por la que atraviesa el país a causa del COVID-19, ya que como lo ha advertido la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, durante la pandemia se han producido brotes y fallecimientos en centros penitenciarios de varios países.
Manifestó que esta ley es parte del genuino reconocimiento a muchas conductas que mantienen privadas de su libertad a quienes la cometieron, no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro los derechos fundamentales de terceros, ni ponen en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir, por eso pueden obtener este beneficio de la autoridad.
