El estado de Oaxaca y siete de sus municipios podrán solicitar recursos adicionales en materia de seguridad pública, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus del COVID-19, para la adquisición de bienes y servicios que son indispensables para la protección personal de los elementos policiales.
En este ejercicio fiscal la entidad recibe 256 millones 278 mil 696 pesos en financiamiento conjunto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) 2020.
Además, los siete municipios beneficiados con el recurso Fortaseg 2020 son: Huajuapan de León con 6 millones de pesos; Juchitán de Zaragoza con 15 millones 426 mil 438 pesos; Oaxaca de Juárez con 23 millones 134 mil 6 pesos; y Salina Cruz con 14 millones 94 mil 217 pesos.
Así como San Juan Bautista Tuxtepec con 16 millones 10 mil 706 pesos, Santa Cruz Xoxocotlán con 13 millones 92 mil 238 pesos y Santo Domingo Tehuantepec con 4 millones 456 mil 349 pesos.
Las solicitudes de recursos adicionales deberán presentarse desde ahora y hasta el 20 de mayo, pudiéndose ampliar el plazo.
Los beneficiarios deberán destinarlos al fortalecimiento del equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, en alineación con los ejes, programas con prioridad nacional y subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El beneficiario deberá indicar en la solicitud los bienes que requiere, hasta por el total del estado de fuerza.
Las solicitudes de adecuación deberán contener la justificación de la necesidad, acciones a realizar, y deberán ser presentadas en el formato que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento determine.
Sólo podrán ser objeto de reprogramación las metas y montos establecidos en el anexo técnico, concertadas en los subprogramas y destinos de gasto determinados en los Lineamientos FORTASEG 2020.
Las adecuaciones serán dictaminadas fuera del comité del Fortaseg, por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, de manera conjunta con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana o la Dirección General de Apoyo Técnico, según el origen de la meta convenida y de acuerdo con las atribuciones correspondientes a cada una de las áreas técnicas.
