Los juristas Juan Pablo David Crespo y Pedro Pérez Sosa, coincidieron que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que por disposición constitucional deberá regir en todo el país, a partir de junio próximo, destaca entre sus bondades la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos.
Por ello, el nuevo sistema de justicia penal que, a partir del 18 de junio deberá permear en todo el país, es un parte aguas en materia jurídica, pero a la vez un reto titánico para los operadores del sistema y la comunidad de abogados litigantes, señaló el docente certificado Pérez Sosa.
En sus exposiciones magistrales ante abogados, servidores públicos y estudiantes congregados en el paraninfo de la Facultad de Derecho de la UABJO, destacaron que con el nuevo sistema de justicia penal, todos entran bajo la tutela de un debido proceso y el imputado podrá defenderse desde la libertad.
Las salidas alternas forman parte de las bondades del nuevo modelo de justicia. Ahora ya no se va a desgastar a una persona a juicio por un delito menor. Por ejemplo, el robo de una bicicleta sin acción de violencia sobre su poseedor, o bien, por un daño culposo por tránsito de vehículos de motor.
Estos casos pueden concluirse, a través de salidas alternas que son los acuerdos para la reparación del daño. Es decir, el acuerdo para garantizar a la víctima la reaparición del daño de manera inmediata.
En cambio, el nuevo sistema de justicia penal está diseñado para que los delitos graves se lleven a la audiencia de debate, salvo que el Ministerio Público pueda proponer un procedimiento abreviado. Ello, siempre y cuando no exista una oposición fundada de la víctima.
Esto es, si la víctima se opone a la terminación anticipada, inevitablemente se tiene que llegar a un juicio. Violación, secuestro y parricidio, por citar tres casos, tendrán que ir a juicio de Debate.
La víctima tienen derecho a contar con la asesoría de un licenciado en Derecho, con independencia del Ministerio Público que, como titular de la investigación, tenga que realizar su trabajo.
En sus reflexiones, el maestro en Derecho, Pedro Pérez Sosa, explicó que la Constitución federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, ponderan que el operador de este sistema debe ser licenciado en Derecho.
Si el órgano judicial, o el Ministerio Público, el Juez de Debate o el magistrado, se percatan que no se está cumpliendo con el estándar de una asesoría jurídica técnica, se lo harán saber al interesado para que éste, dentro del derecho de elección, nombre a otro. Ello, para privilegiar el Derecho humano.
Cuarto para las doce para la implementación nacional del sistema, su éxito radicará en la capacitación y profesionalización de sus operadores. El sistema garantiza transparencia porque cualquier ciudadanos puede asistir a escuchar las audiencias.
