Son como extranjeros en su propio territorio. Obligados a hablar el español, un idioma distinto a su lengua; el presupuesto es el principal argumento de las instituciones para no garantizar el derecho de acceso a la justicia de los indígenas, porque no se les garantizan traductores en los procesos judiciales que se siguen en su contra.
En Oaxaca, se requieren al menos 15 millones de pesos anuales para cubrir las necesidades de interpretación en el ámbito de la justicia, precisó Edith Matías Juan, integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).
Costo "millonario"
La especialista detalló que según el tabulador de la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Indígenas (CDI), la contratación de un intérprete para una audiencia cuesta 1 mil 100 pesos más viáticos como traslado, alimentos y hospedaje que requiera.
En promedio, un juicio contra una persona indígena desde que inicia hasta que termina, por el número de audiencias que llega a tener, se gastaría en términos de interpretación, un promedio de 40 mil pesos.
“Y multiplicado por el número de requerimientos se necesitan algo así como 15 millones de pesos para cubrir las necesidades de interpretación en el ámbito de la justicia”.
De acuerdo con la CDI, a octubre de 2016, en México más de ocho mil indígenas se encuentran privados de su libertad por la comisión de diversos delitos, pero la mayoría están presos tras enfrentar procesos irregulares en los que no se respetó su lengua.
Indígenas presos
Las entidades federativas que concentran el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario son: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua y Guerrero. Las lenguas con las que se identifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil.
El principal argumento de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, afirmó Edith Matías, es que no tienen presupuesto y sin embargo “se gasta en publicidad oficial tres veces más que eso, y no se quiere gastar para garantizar los derechos lingüísticos”. Entonces, puntualizó, se trata de un tema de prioridades para quienes hacen la política pública.
“Es el tema del racismo y del clasicismo que permea a la sociedad en su conjunto y que no lo creen necesario. ¿Para qué gastamos en intérpretes? Ya que aprendan a hablar español”, cuestionó.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura”. Además, que el derecho a hablar en sus lenguas no tiene condicionamiento o restricción.
Lenguas nacionales
Mientras que la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas detalla este derecho al señalar que “es derecho de todos los mexicanos comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y cualesquiera otras”, y que “las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen”.
En la práctica no sólo no se realiza, sino que se vuelve un problema para el Estado mexicano, opinó la especialista de Cepiadet.
“Un problema para el cual no se tiene presupuesto, no se tiene infraestructura. En Oaxaca, solamente el tema de los intérpretes y traductores de lenguas indígenas no contamos con una institución oficial que pueda brindar esos servicios a los hospitales, a los juzgados, a todos los servicios públicos”.
Presos indígenas de Oaxaca que contaron con un traductor
No 84%
Sí 16%
Total de encuestados 586
Fuente: Encuesta realizada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contenida en el informe “El acceso a la justicia para los indígenas en México. Estudio de caso en Oaxaca”
Sin intérpretes en juicios, se repondría el procedimiento
La presencia de traductores en juicios contra indígenas trata del respeto a los derechos humanos y no hacerlo, motivaría la reposición del procedimiento, aseguró el titular del Poder Judicial de Oaxaca, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.
Desde el año 2013, el Poder Judicial del Estado adoptó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como una herramienta que auxilie a los juzgadores en su tarea de impartir justicia a este sector de la población.
Sin embargo, reconoció que tienen problemas presupuestales para atender este tema y por ello, han recurrido a convenios con la Comisión de Aseroría Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.
Dijo desconocer el presupuesto necesario para garantizar la presencia de intérpretes en juicios en los que se requiera o en los que casos que se llegasen a presentar.
Dependerá de quien haga su defensa o haga sus razonamientos en su lengua materna, precisó, independientemente de que pudiese hablar o no el español.
“Pero estamos haciendo el esfuerzo, es un asunto prioritario, hemos firmado convenios, es un asunto de respeto a los derechos humanos, inclusive en caso de no respetarse motivaría la reposición del procedimiento.
“El problema presupuestal no sólo es un problema para el Poder Judicial, es un problema que está atravesando el estado pero sí tenemos serios problemas, toda vez que se ha autorizado un presupuesto deficitario para el Poder Judicial y que impacta en todas las áreas”, dijo.
El magistrado Lagunas Rivera mencionó la conformación de un padrón de intérpretes en lengua materna y sus variantes dialectales, que a la fecha integran 205 personas, 66 de ellas servidores públicos judiciales adscritos a diferentes áreas y organismos jurisdiccionales y 139 externos, quienes apoyan a indígenas que no hablan español en sus procesos judiciales.
Del mismo, dijo que en Oaxaca, una entidad pluricultural y multilingüe, con una sociedad configurada con diversas identidades y sistemas jurídicos indígenas válidos e iguales a cualquier otro, en marzo del año pasado inició formalmente funciones la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“Que ha conocido de diferentes casos derivados de resoluciones emitidas por las autoridades de las comunidades e inconformidades de la aplicación de los sistemas normativos internos”.
