En el ejercicio fiscal 2018 el Congreso del estado aumentó el presupuesto en materia de procuración de justicia en 154 millones 421 mil 800 pesos con 63 centavos, lo que resulta insuficiente para otorgar verdadera autonomía técnica, de gestión y financiera a las seis fiscalías especializadas que se han convertido en elefantes blancos de la administración pública estatal.
Además, en los primeros meses del año habrá de crearse la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, de acuerdo al artículo cuarto transitorio de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Oaxaca.
El pasado 22 de diciembre, la fiscal especializada para la atención de delitos contra la mujer por razón de género, Rosario Villalobos Rueda, renunció al cargo por falta de presupuesto y personal para cumplir con sus responsabilidades.
Lamentó además la falta de profesionalización y especialización de los funcionarios ministeriales, así como falta de equipo y personal necesario.
De igual forma, el fiscal especial anticorrupción, Emilio Iruegas Álvarez, en diversas ocasiones ha declarado que para cumplir con su responsabilidad es necesario dotar a la nueva dependencia de autonomía técnica, de gestión, operación y funcional.
Las fiscalías
En investigación de delitos de trascendencia social
En justicia para adolescentes
Para la atención de delitos contra la mujer por razón de género
Para la atención de delitos de alto impacto.
En materia de combate a la corrupción.
En delitos electorales
La dependencia requiere recursos y personal especializado para las áreas de investigación de los servidores públicos estatales e inteligencia financiera, pero ni siquiera cuenta con ministerios públicos y agentes especializados, por lo que tiene que habilitar al personal de la fiscalía general.
En el caso de la fiscalía especializada en delitos electorales es notoria su ausencia de resultados, como resultado de la falta de personal especializado y carencia de recursos económicos para las diversas áreas.
Al igual que la fiscalía especializada en investigaciones de delitos de trascendencia social, cuyo trabajo ha sido calificado por diversas organizaciones de defensa de derechos humanos, como nulo y ausente.
La dependencia creada en el 2007 no ha podido consignar a ningún responsable de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, ni contra periodistas.
Además, aunque coadyuvó con la Comisión de la Verdad para investigar los delitos cometidos bajo el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, hasta el momento no se han fincado responsabilidades contra los presuntos culpables.
