La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia trabajará con la administración del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la agenda de justicia exige erradicar la corrupción, simulación, prácticas indebidas y toda violación a los derechos humanos, afirmó el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos.
Al participar en la inauguración de la 40 sesión plenaria de la conferencia, que se realizó en el Centro Cultural y de Convenciones, dijo que el esfuerzo común, la riqueza colectiva y el sentido de responsabilidad pública, “nos permitirán realizar acciones cuyo signo e identidad sea una justicia propia del Estado social, democrático de derecho; una justicia que mire, que escuche y que sea capaz de conmoverse y actuar ante quienes más necesitan de su procuración”.
En presencia del gobernador Alejandro Murat; el subprocurador jurídico y asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán; el jefe de justicia militar de la 8 Región Militar, Miguel Ángel Morga Morales; la subprocuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías, entre otros, añadió que la experiencia y el conocimiento los convocan a ponderar la aplicación de nuevas paradigmas, que van de la cultura de la paz hasta una justicia restaurativa, pasando por modelos transicionales donde la justicia es fundamento de la reconciliación, de la cohesión social y de la convivencia en civilidad.
“La ciudadanía lo expone y lo reclama, que sea la voz de todos la que nos guíe a construir una justicia compasiva, que asuma la razón social y que trascienda las regiones fundadas en lo punitivo, para asumir la lógica de la comprensión y la verdad”.
Ssubrayó que todos comprenden que la segunda fase de la reforma penal ha iniciado. “Somos responsables de consolidar la justicia del siglo 21 y podemos hacer que la justicia exprese el contenido y evidencia de su humanidad”.
Aseveró que en últimos seis años se construyó un sistema de justicia penal de avanzada, cimentado en los derechos humanos, pero la demanda de justicia está presente y exige asegurar la coordinación entre instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia; dotar de mayores recursos al personal e infraestructura y equipamiento a las fiscalías del país, y, sobre todo, confeccionar una visión propia y nacional sobre el estado que guarda el sistema de justicia.
Manifestó que se requiere un esfuerzo de Estado para consolidar la procuración de justicia y en su conjunto el sistema de justicia nacional, “esto es más evidente en el ámbito local, en especial si consideramos la responsabilidad que supone materializar lo que establecen las reformas constitucionales, legales y las leyes nacionales hace apenas unos años aprobadas”.
Destacó que las fiscalías del país atienden 95% de los delitos que se cometen en México y las policías estatales y municipales realizan un porcentaje similar de detenciones en flagrancia, lo que contrasta con carencias sustantivas como son un sistema de formación de personal inteligente y flexible que genere mayores capacidades; la plena instauración de la investigación técnica y científica del delito; el adecuado equipamiento de los laboratorios forenses; y la introducción de avances científicos y tecnológicos, entre otras necesidades apremiantes.
