El presidente de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJO), Magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, señaló que en México está pendiente la construcción de la pluriculturalidad, porque evidentemente hay una serie de avances, de leyes que abonan al reconocimiento de la diversidad, pero falta un entramado que toque las raíces de esa diversidad cultural.
Al participar, a invitación de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados federal, que preside la diputada Irma Juan Carlos, en el foro virtual “El futuro de los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica”, realizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 agosto de cada año, señaló que el país aún opera bajo una lógica liberal y monocultural.
Durante el diálogo abierto y plural, luego de referirse a diferentes momentos históricos, el Magistrado Cordero Aguilar enfatizó que “México, desde su independencia, formalmente se ha constituido como una República representativa, democrática, federal, pluricultural, laica y ahora paritaria”.
A partir de estos grandes ejes que conforman el Estado mexicano, agregó, se ha diseñado toda una estructura institucional y legal para constituirse como tal, a excepción hecha de la pluriculturalidad, “esa es tarea pendiente por realizar, por construir todo un entramado jurídico institucional que responda a un diseño de un Estado que se asume pluricultural”, reiteró.
El presidente de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia, comentó que recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sesionó y resolvió un juicio de amparo en el que por primera vez se reconoció la jurisdicción indígena y la competencia que tienen las comunidades originarias para resolver sus conflictos internos.
Se trata del caso del pueblo chocholteco de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca el cual el Magistrado Cordero Aguilar consideró constituye el primer precedente en este tema del máximo tribunal del país a la protección constitucional de los derechos humanos y a la pluriculturalidad de la nación mexicana.
