El Congreso del estado aprobó ayer diversas reformas a la Constitución local a fin de eliminar la residencia de dos años en la entidad para quien aspire a fiscal general del estado, la ampliación de la duración de su cargo de 4 a 7 años y suprimir que sea originario de Oaxaca.
Además, el Congreso del estado propondrá una lista con diez nombres de aspirantes al cargo de fiscal al gobernador del estado, de los cuales habrá de remitir tres nombres al Poder Legislativo, para que con las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión cuando se tengan que realizar la elección, se designe al fiscal.
Del fiscal general del estado dependerán los fiscales especializados de delitos electorales y anticorrupción, que propondrá el fiscal pero ratificará el Congreso.
El integrante de la comisión de estudios constitucionales, Horacio Antonio Mendoza, señaló que la reforma es acorde con el espíritu normativo del artículo 102 apartado A de la Constitución federal, “pues continúa reconociendo el carácter de órgano autónomo a la fiscalía general del estado, con facultades de administrar su patrimonio y dotado de personalidad jurídica propia”.
Destacó que la ley federal fija como plazo 9 años para el desempeño del cargo, pero en Oaxaca se optó por establecerlo en 7 años, a fin de mantener la independencia y autonomía en la procuración de justicia. “Además la designación del fiscal general tendrá la intervención de los poderes legislativo y ejecutivo, los cuales compartirán responsabilidad y tendrán acciones concretas en el proceso respectivo”.
Los diez integrantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la legisladora panista Leslie Vibsania Mendoza Zavaleta votaron en contra de la reforma.
Fusil de la federal, acusan
El también integrante de la comisión de estudios constitucionales, León Leonardo Lucas, manifestó que no firmó el decreto porque la reforma es una copia de ley federal.
Cuestionó además por qué no se incorporó la fiscalía especializada de delitos contra la mujer por razón de género. “¿Cabe cuestionarnos si las fiscalías electoral y anticorrupción son de mayor relevancia? Combatir la corrupción o un delito electoral es importante, pero también lo es abatir la violencia de género, máxime cuando se trata de delitos de violencia familiar e incluso de feminicidios”.
Dijo que designar a un fiscal general que no conozca el estado, ni sus regiones, conlleva el riesgo de que la procuración de justicia sea lenta, ineficaz y promueva la impunidad. “Por ello el fiscal debe de ser de origen oaxaqueño, con residencia efectiva en la entidad; no podemos dejar las puertas abiertas a extraños que vengan a experimentar con el sistema de justicia local”.
