La difusión del espectáculo “La Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento” de Casa Domecq, encendió una nueva disputa legal en Oaxaca por el uso del nombre y los símbolos de una de las expresiones culturales más representativas del estado. Autoridades advirtieron que la Guelaguetza no puede ser utilizada como recurso comercial, ya que se trata de un patrimonio cultural material e inmaterial protegido por la ley y cuya preservación corresponde a los pueblos indígenas y afromexicanos que la han mantenido viva.
Tras detectar la promoción del evento, el Gobierno de Oaxaca, mediante la Secretaría de las Culturas y Artes, ordenó el retiro inmediato de la publicidad en medios físicos y digitales. La dependencia informó que analiza la posibilidad de iniciar procedimientos jurídicos y administrativos, al considerar que el uso no autorizado de esta celebración vulnera derechos colectivos y contraviene disposiciones constitucionales que obligan al Estado a proteger las expresiones culturales de los pueblos originarios.
Este episodio se suma a una serie de acciones con las que Oaxaca ha marcado postura frente a la apropiación comercial de su patrimonio cultural. En los últimos años, la entidad ha enfrentado diversos casos que generaron debate público y precedentes legales, como el acuerdo alcanzado con Adidas y el diseñador Willy Chavarría por la reproducción del huarache tradicional de Villa Hidalgo Yalálag en el calzado denominado “Oaxaca Slip-On”. También figuran las denuncias contra Shein por la copia de bordados del Istmo de Tehuantepec, y el respaldo legal al pueblo Mixe para frenar el uso de su identidad en una marca de mezcal.
A nivel nacional, estas disputas se inscriben en un marco jurídico más amplio. Desde 2022, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas reconoce la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios y establece la obligación de contar con su consentimiento previo, libre e informado para cualquier uso comercial de sus diseños, símbolos o expresiones culturales. La norma busca impedir la apropiación indebida, garantizar el respeto a las comunidades creadoras y sentar las bases para relaciones más justas en torno al valor cultural y económico del patrimonio indígena.
