En una carta pública Soledad Hernández García, quien es esposa de Juan Antonio V. C., ex diputado local señalado por la saxofonista María Elena Ríos Ortiz como autor material del ataque con ácido cometido en su contra, se puso a disposición de las autoridades para “hacer todas las declaraciones necesarias”, en tanto señaló que derivado de las acusaciones su familia ha sido objeto de amenazas, tentativa de secuestro y “linchamiento mediático infundado”.
“Mis hijos y yo estamos abiertos al diálogo ante cualquier persona y autoridad para hacer todas las aclaraciones necesarias, con las reservas de ley, y si por alguna acción u omisión de nuestra parte involuntariamente se dañó a alguna persona, tenemos la voluntad de solucionarlo. Sin embargo, pedimos y exigimos por este medio, que ya se deje de causar todo acto de intimidación o molestia a nuestras personas y familias, pues también estamos en disposición de ejercitar las acciones legales correspondientes, hasta que nuestros derechos se respeten”, indicó en el escrito.
Emitido un día después de que los medios de comunicación dieran a conocer que uno de los hijos de Vera Carrizal estaría involucrado en los hechos, Hernández García negó toda participación en lo anterior.
“Mis hijos y yo negamos categóricamente toda participación en los hechos, en cualquiera de sus formas; en tanto que poco a poco nos hemos ido enterando de una gran diversidad de hechos”.
Asimismo deslindo a Vera Carrizal y aseguró que se le está “perjudicando injustamente por razones políticas y por otro tipo de intereses, así como por competencia desleal de quienes en tiempos recientes se decían sus amigos o sus socios, y que ahora aprovechándose de las circunstancias están obteniendo grandes beneficios económicos y financiando a terceros (as) para perjudicarlo”.
Sin mencionar el nombre, Hernández García apuntó hacia una exsocia de su esposo, de quien dijo ha alterado documentos con la finalidad de apropiarse de bienes de Vera Carrizal y de su familia. “Se comenta también que ella puede tener relación directa con lo ocurrido a la ofendida María Elena Ríos Ortiz; sabemos también que la esposa de un empresario del mismo giro comercial, por agravios de pareja, puede tener responsabilidad con lo ocurrido a la ofendida; pues ahora sin razón alguna ambas se ocultan o han desparecido”.
De su lado, indicó, tanto ella como sus hijos lamentan y reprueban el delito cometido contra María Elena Ríos Ortiz
Agregó que su esposo en su declaración de fecha 07 de octubre de 2019, en medios de comunicación, fijó su postura sobre estos hechos en la cual negó su participación en los mismos.
“Los delitos y las penas no deben sobrepasar de las personas que los cometan, asi lo establece la Constitución Federal y demás leyes secundarias. Por esta razón, repruebo enérgicamente que por estos hechos, se esté llevando en contra de mis hijos, familiares y bienes, acciones de amenazas, tentativas de secuestro y un linchamjento mediático infundado”.
Agregó que “después de estos lamentables hechos, en muchos medios de comunicación, escritos y electrónicos, sin tener un conocimiento exacto de los mismos, porque al ser de naturaleza penal su información es reservada, se empezaron a hacer diferentes señalamientos en contra de mi esposo, los cuales marcaron y perjudicaron su fuente de trabajo, la cual no es sólo de él sino de varias familias ajenas y de las familias que han conforman nuestros hijos; incluso se hizo una convocatoria pública en redes sociales para tomar venganza, incitpandose abiertamente a lanzar ácido o dañar de cualquier manera a los integrantes de mi familia, no obstante que no conocemos a la ofendida ni a las demás partes involucradas”.
Sostuvo que inmediatamente después de lo anterior “mis hijos y yo empezamos a notar que diversas personas, al parecer policías, vigilan nuestros domicilios y nos siguen a todas partes, se estacionan por tiempos prolongados en nuestros centros de trabajo, y ocupantes de camionetas sospechosas pretendieron secuestrar a una de mis hijas”.
Por otra parte -añadió- “la hermana de la ofendida, como se aprecia en declaraciones hechas en procesos penales diversos y anteriores, ella dice que sospecha de muchas personas y las nombra como las posibles sospechosas que les pueden causar un mal; luego entonces, ei Ministerio Público también tiene la obligación legal que le impone e! Código Nacional de Procedimientos Penales, de agotar todas estas líneas de investigación posibles sobre los hechos y no centrarse solamente en una”.
