Con la creación de la Defensoría Pública Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como institución del Estado mexicano, está empezando a saldar la deuda a las comunidades y pueblos indígenas con la protección de sus derechos políticos, a través de una defensa adecuada y el debido proceso, aseguró ayer la presidenta de la Sala Superior del órgano electoral, Janine Otálora Malassis.
Y subrayó que el reconocimiento de los derechos de las mujeres en comunidades y pueblos indígenas necesita ser un tema fundamental porque solamente así podrán participar en la vida de la colectividad.
En la presentación del Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas , la magistrada explicó que el TEPJF, antes de la creación de la Defensoría Pública Electoral el año pasado, había resuelto dos mil 400 asuntos vinculados con la protección de estos derechos políticos, pero sin asegurar el derecho a una defensa adecuada porque no se garantizaban el acceso a la jurisdicción del Estado.
De esta manera, subrayó que el órgano jurisdiccional actuó y creó la Defensoría Pública Electoral para saldar la deuda del Estado mexicano con las comunidades y pueblos indígenas, y así fortalecer la protección de sus derechos, particularmente en materia de acceso a la justicia electoral.
Pues –asentó– el derecho de acceso a la justicia es justamente, uno de los fundamentos del ejercicio de los derechos humanos ya que sólo garantizando la protección jurisdiccional, ante cualquier situación que pueda resultar en lesión de un derecho, se puede lograr el ejercicio real.
En presencia de consejeros electorales y especialistas en derecho electoral, observó que las comunidades indígenas y sus integrantes, se enfrentan con frecuencia a obstáculos provocados por sus condiciones socioeconómicas, lingüísticas y geográficas, aunque en otros casos, por el acceso a términos complejos y técnicos del proceso judicial, así como por la carencia de recursos financieros para contratar a un representante legal.
Destacó que la creación de la Defensoría Pública Electoral constituye una respuesta a la obligación constitucional de garantizar el acceso a la justicia y también para responder a las obligaciones internacionales.
“Así, contribuimos a que las comunidades y pueblos indígenas, estén en aptitud de ejercer en condiciones de igualdad material a la jurisdicción electoral completa y efectiva, para defender y proteger sus derechos político-electorales”, remarcó.
Aunque mencionó que aún se requiere posicionar a la Defensoría Pública Electoral como un puente entre las comunidades y pueblos indígenas y las instituciones de justicia electoral.
“Si logramos que las y los integrantes de las comunidades indígenas vean a la Defensoría como una instancia a su servicio, entonces podremos decir que habremos allanado el camino para que vean en los jueces y en los tribunales, instancias que ofrecen servicios públicos en su beneficio, exclusivamente para fortalecer el ejercicio de los derechos políticos”, añadió.
Resaltó que el Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas se convertirá en un instrumento para quienes están involucrados en la protección de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, y para quienes quieran sumarse a este importante proyecto, pues tiene como único fin también de fortalecer la democracia y logrando la participación política plena de las comunidades indígenas y de sus integrantes.
