Por no haberse prohibido aún el glifosato y la semilla transgénica, la Red en Defensa del Maíz informó que seguirán reivindicando la agricultura campesina y la agroecología como una conciencia para impulsar la soberanía alimentaria produciendo sus propios alimentos con dignidad y salud.
“La emisión del decreto presidencial no prohíbe el uso de ese herbicida y del maíz genéticamente modificado, aunque por todas partes se diga”, aseveró en su representación, el coordinador del Área de Derechos Indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), Aldo González Rojas.
Expuso que el documento no es un decreto presidencial, sino más bien un memorándum interno porque no contiene una decisión, resolución o disposición.
Expuso que el documento abre un amplio espacio de discrecionalidad y de ambigüedad, pues contempla algunas acciones de funcionarios de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Salubridad y Asistencia (SSA), así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para hacer o dejar de hacer y proceder de conformidad con la normatividad aplicable y en el ámbito de sus competencias.
“Propone una gradualidad que implícitamente se reconoce sin sustento ni bases legales al afirmar que se promoverán las reformas legales de los ordenamientos jurídicos aplicables, a más tardar en el primer semestre del 2023”, asentó.
Subrayó que el documento presenta la enorme confusión de asumir la defensa de la agricultura, de la alimentación, del maíz y de la autosuficiencia alimentaria.
“Esto preocupa seriamente porque el glifosato y el maíz genéticamente modificado no pueden subsumir la integralidad de una lucha que va desde la defensa territorial, hasta por la defensa de las semillas nativas”, señaló.
Dijo que si realmente se quiere prohibir el uso del maíz genéticamente modificado y el glifosato, la norma debe ser clara, breve y explícita prohibiendo su utilización.
“Urge un cambio radical que desarticule la escalada agroindustrial responsable de la deforestación, de inundar con agroquímicos las regiones, de robarse a miles de jóvenes de las comunidades para hacerles jornaleros que dejan su vida en los galpones inundados de plaguicidas”, agregó
González Rojas expuso: “Desde nuestras regiones, la sociedad civil rural y urbana de tantísimas comunidades, organizaciones y redes, habremos de defender nuestro maíz, nuestras semillas nativas, la salud de nuestros territorios y mantendremos nuestra decisión de frenarle el paso a los nocivos organismos genéticamente modificados”.
