La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) publicó la edición final del informe "¡Ya sabemos!, no más impunidad en Oaxaca", que documenta los asesinatos, desapariciones, abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el movimiento social de 2006 y 2007.
Como resultado de la investigación, la Comisión de la Verdad documentó un total de 29 casos de desaparición de personas que tuvieron lugar en los años 2006 y 2007.Cifra que incrementó en Oaxaca a partir de ese periodo.
De acuerdo con los resultados, la Fiscalía General del Estado debe cumplir las seis órdenes de aprehensión giradas en contra de los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del activista Arcadio Hernández Santiago, cuyo caso fue consignado por la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social. Además del esclarecimiento del asesinato del periodista Brad Will.
Por su participación en el conflicto social, el organismo indica al SNTE y a las Secciones 22 y 59, garantizar en todo tiempo, por encima de intereses políticos y gremiales, el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.
Recomienda cese de funcionarios
Recomienda al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos.
La investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece la responsabilidad de Alma López Vásquez, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Pedro Ismael Díaz Laredo, Manuel Moreno Rivas, Jorge Alberto Quezada Jiménez, Heliodoro Díaz Escárraga, Margarito López Aragón, Joaquín Darío Berges y Dorantes, Víctor Amado Alonso Altamirano, Jorge Aquino Reyes, Andrés Quevedo Martínez, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Sergio Segreste Ríos y Daniel Camarena Flores; algunos de los mencionados, aún ostentan cargos públicos, por lo que el organismo pide al gobernador, Gabino Cué Monteagudo, el cese de los funcionarios que participaron en las graves violaciones de los derechos humanos durante 2006 y 2007.
De acuerdo con la CVO, al Congreso Federal revisar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal Derechos Humanos de Oaxaca (ahora Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca), así como de sus titulares y visitadores del periodo 2006 y 2007, para sancionarlos e impulsar medidas para la protección de los derechos humanos.
Asimismo, la indemnización, reparación del daño y garantías de no repetición de dichas violaciones a las víctimas, tomando en cuenta el Plan Integral de reparación del Daño, constituído en junio de 2012 propuesto por organizaciones de atención a víctimas.
La CVO detalla que existen medidas como promover la declaración pública de reconocimiento de responsabilidad sobre toda violación a los derechos humanos, en especial de las víctimas del conflicto, pero también de otros sectores afectados durante este periodo, como los migrantes, los pueblos indígenas, las niñas y niños, las mujeres.
La organización precisa que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la administración de Ulises Ruiz son difíciles de contabilizar, pero señala que son cuantiosas
FUNCIONARIOS ACTIVOS CUYO CESE ES RECOMENDADO: CVO
Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, actual Fiscal General del Estado
Víctor Alonso Altamirano, Subsecretario de Prevención y Reinserción Social
Daniel Camarena Flores, Coordinador de inspección y vigilancia del municipio
