A 25 años del reconocimiento constitucional de las normas y prácticas comunitarias para el nombramiento de autoridades en los municipios indígenas de Oaxaca, aún persiste una crítica con un fuerte sesgo racista y colonial hacia los usos y costumbres, afirmó el coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid.
El activista expuso que en este periodo de tiempo ha habido una serie de embates contra comunidades indígenas por parte de diferentes actores externos, como partidos políticos, agentes de gobierno, iglesias, empresas y líderes sociales, quienes han lucrado políticamente con esta lucha autonómica.
“Esto ha generado un clima de hostilidad y conflictos sociales que ha deteriorado la convivencia comunitaria”, señaló.
Observó que las disputas político-electorales han estado asociadas a diversas causas, entre conflictos agrarios, intolerancia religiosa, megaproyectos de desarrollo, demanda de recursos económicos, participación de las agencias e inclusión de diversos sectores de la población en el nombramiento de autoridades
Subrayó que en 350 de los 417 municipios donde se eligen autoridades por sistemas normativos internos, no existen conflictos y los procesos electorales transcurren de manera pacífica. Aunque, mencionó que en otros municipios se han experimentado formas propias de conciliación y mediación, así como mecanismos de resolución de conflictos con la participación de la asamblea comunitaria, el Consejo de Ancianos y otras figuras ciudadanas para construir consensos o acuerdos internos para alcanzar la gobernabilidad.
Destacó que si bien, la actual legislación electoral en materia de elecciones por usos y costumbres, establece claramente la participación política de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad, ha costado mucho a las mujeres alcanzar un pleno reconocimiento de la ciudadanía.
Dijo que un sector de la población y de la clase política cataloga a los usos y costumbres como violatorios de los derechos humanos, las garantías individuales y la participación igualitaria entre hombres y mujeres.
“Hubo también quienes, desde sus inicios, consideraron este sistema como antidemocrático, por su visión colonial que considera a los pueblos indígenas sociedades subdesarrolladas e incapaces de gobernarse a sí mismas”, apuntó.
