Con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional sobre medio ambiente para la región de América Latina y el Caribe, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos demandó al Estado mexicano poner fin a la impunidad en Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, e impulsar la investigación de los crímenes de los activistas asesinados.
En un pronunciamiento, esta red de la sociedad civil germana integrada por 15 organizaciones, expuso que en esa comunidad ha escalado un conflicto latente desde hace muchos años, especialmente por el homicidio del defensor comunitario Fidel Heras Cruz, sucedido el 23 de febrero pasado.
Explicó que la víctima era presidente del Comisariado Ejidal y activista del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever).
Detalló que otro defensor comunitario, Jaime Jiménez Ruiz, fue asesinado el 28 de marzo pasado, después del crimen de tres habitantes de la comunidad, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, el 14 y 15 de marzo pasados.
Subrayó que según las organizaciones locales y la comunidad de Paso de la Reina, los intereses económicos en la explotación de los recursos del río Verde representan el posible motivo de la ola de violencia, pues la resistencia de comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas, reunidas en el Copudever, ha logrado impedir los proyectos de presas en ese lugar.
Destacó que el principal problema en el río Verde es la extracción ilegal de grava por una poderosa familia, la cual ha ejercido durante generaciones el control político y económico de Santiago Jamiltepec y en amplias zonas de la región.
Mencionó que el estallido de violencia se ha registrado después las demandas presentadas por representantes comunitarios de Paso de la Reina, por el modelo de explotación del río Verde.
Resaltó que se pueden producir nuevos atentados porque aunque se han iniciado las primeras investigaciones, a tres meses después del primer asesinato, no se han producido avances y todos los crímenes siguen impunes.
Observó que el Estado mexicano hasta la fecha no ha puesto en marcha medidas de protección a pesar de las demandas reiteradas de la comunidad.
Finalmente, requirieron al Estado mexicano proteger mejor a los defensores comunitarios por haberse comprometido a eso con la ratificación del Acuerdo de Escazú.
