Frente a la pandemia del coronavirus, es una obligación del Estado garantizar la salud de las personas privadas de la libertad, aseguró la coordinadora general del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH), Sara Méndez Morales.
La activista informó que la organización promovió un amparo el 6 de junio de 2020 para garantizar el derecho a la salud de los internos ante el incremento de contagios en el penal varonil de San Francisco Tanivet y de la desaparecida Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel.
Explicó que en ese procedimiento jurisdiccional se reclamó la protección de la justicia federal en favor de las personas privadas de libertad, sus familias y personal de esos centros de reclusión, ante la situación generada por el coronavirus y la urgente necesidad de implementar acciones para prevenir y evitar su contagio, así como a fin de garantizar el derecho a la vida, salud, trato digno e integridad personal de las personas privadas de la libertad.
Subrayó que las autoridades penitenciarias ofrecieron ampliar sus acciones preventivas y de atención a los casos por COVID-19, en atención al amparo promovido y por la intervención del órgano jurisdiccional,
Sin embargo, exhortó nuevamente a las autoridades sobre la necesidad de mejorar dichas condiciones para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad y así tengan la posibilidad de un internamiento digno durante la pandemia.
“Seguiremos insistiendo, ya que las condiciones de vida en los centros penitenciarios del estado han sido y son consideradas como un tema de atención prioritaria para Codigo-DH”, recalcó.
