No son cambios extremos, pero la política estadounidense hacia América Latina se está modificando sustancialmente. Ya fue desmantelada la teoría del segundo eje del mal –el primero fue el de Bush hijo con Irak, Irán y Siria- que había planteado Trump con Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La próxima semana es posible que se anuncie que el gobierno de La Habana será excluido de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Ya se les concedió el Estatus de Protección Temporal (TPS) a 320,000 venezolanos exiliados. Y están en revisión permanente las medidas para los migrantes que entran por la frontera con México. Atrás quedaron las amenazas de Trump de invadir Venezuela o la retórica de sus halcones John Bolton y Elliot Abrams. Ahora es Juan Sebastián González, nacido en Colombia, el Asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, quien maneja la nueva agenda para el continente y tiene el acceso directo a la oreja de Biden.
El presidente mismo es un buen conocedor de la región. Durante los ocho años que estuvo junto a Barack Obama, Biden visitó 16 veces América Latina superando con ese número a cualquier otro Presidente o Vicepresidente estadounidense. Si se tienen en cuenta sus antecedentes de votación en el Senado, se podrá ver que se trata de un moderado con ciertas tendencias conservadoras cuando se trata de acuerdos económicos y algo más liberal cuando vamos al terreno humanitario (migración).
México sigue siendo la mayor preocupación en Washington. Y no viene solo. Está íntimamente ligado a Centroamérica. Desde allí provienen las últimas olas de migrantes y la Administración Biden cree que debe haber una política integrada para todo ese conglomerado de países. Es por eso que presentó al Congreso una reforma migratoria que se centra en los motivos de la emigración de Centroamérica, con un plan de inversiones por 4,000 millones de dólares en los próximos cuatro años para dinamizar la economía de la región y detener la expulsión de sus ciudadanos. También prometió “humanizar” el proceso de entrada a Estados Unidos, tras años de mano de hierro por parte de Trump. Claro que esa “voluntad” requerirá tiempo y de ninguna manera se traduce en una política de “puertas abiertas”.
En una “visita virtual” reciente a México el secretario de Estado, Antony Blinken, lanzó un aviso claro a las personas que huyen de la pobreza y la miseria en Centroamérica: “A cualquiera que esté pensando en hacer ese viaje nuestro mensaje es: no lo haga. Estamos haciendo cumplir de forma estricta nuevas leyes migratorias y nuestras medidas de seguridad en la frontera. La frontera está cerrada para la inmigración irregular”. Pero la presión del lado mexicano es enorme y plantea, precisamente, un grave dilema de derechos humanos. En las últimas dos semanas se triplicó el número de menores migrantes no acompañados detenidos en la frontera. Las aprehensiones en febrero alcanzaron niveles no vistos desde mediados de 2019, y fueron los más altos para ese mes en 15 años, según datos de la agencia Reuters.
“Lo ven como el presidente de los migrantes, y por eso muchos sienten que van a llegar a Estados Unidos”, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre Biden la mañana siguiente a una reunión virtual con su homólogo estadounidense el 1 de marzo. “Tenemos que trabajar juntos para regular el flujo, porque este asunto no se puede abordar de un día para otro”. Claro que las bandas que organizan el cruce de los indocumentados no esperan y están mostrando “niveles de sofisticación sin precedentes”, de acuerdo a un alto funcionario mexicano. Desde el mismo día en que asumió Biden, se vio un incremento de las actividades de los “coyotes”, los conocedores de cada recoveco fronterizo. Están cobrando desde 3,000 a 7,000 dólares por persona a los centroamericanos. Si son sudamericanos o asiáticos, la suma puede ascender a 20,000 dólares.
En su último día en la Casa Blanca, el 19 de enero, Trump firmó una orden para diferir las deportaciones de venezolanos durante 18 meses. Algo que los mantenía en un limbo administrativo y no les permitía trabajar. Con el TPS de Biden, pueden residir legalmente sin mayores restricciones hasta que cumplan con las reglas para acceder al famoso Green Card. Con esta política también se revierta la estrategia de las sanciones económicas para obligar a Nicolás Maduro a convocar a elecciones libres.
“Esto no funcionó. Vimos cómo el régimen y los mercados se adaptaron a las sanciones del petróleo y podemos seguir así no se sabe cuánto tiempo. No hay apuro por levantar esas sanciones, pero sí un reconocimiento de que las multas unilaterales no han funcionado para forzar la celebración de elecciones y que la anterior Administración falló en la coordinación con Europa y con los aliados respecto a Latinoamérica”, dijo el lunes un portavoz del Departamento de Estado a un grupo de periodistas en Washington.
