En Oaxaca el 35% de los 4 millones de habitantes, es decir, 1 millón 400 mil personas, no tienen acceso a alimentación, de acuerdo a la investigación La agricultura y su relación con la pobreza en México, elaborada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la 64 legislatura federal.
El documento señala que de acuerdo con el último informe del Coneval, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados con mayor pobreza y pobreza extrema en el país. El 20 por ciento de la población de estos tres estados vive en condiciones de pobreza extrema.
Estas entidades federativas aumentaron de 2008 a 2018 su porcentaje de pobreza:
Chiapas (76.4% a 77.0%), Guerrero (66.5% a 68.4%), Oaxaca (61.8% a 66.4%) y Veracruz (51.2% a 61.8%).
Añade que datos del Inegi revelan que los estados con mayor porcentaje de menores con inseguridad alimentaria severa y moderada son: Tabasco (42.5%); Oaxaca (31.8%); Guerrero (28.4%); Colima (25.1%); Estado de México (26.6 %), y Michoacán (25.3%).
Expresa que de manera preocupante, en el país existen condiciones elevadas de inseguridad alimentaria, lo cual implica severos efectos para la salud de las personas, particularmente las niñas y los niños, quienes enfrentan un fenómeno doble: la anemia y la desnutrición, por un lado, y por el otro la obesidad y el sobrepeso.
Puntualiza que en 2018, el 44.5% de los hogares en México se identificaron con inseguridad alimentaria. De ese universo, el 22.6% presenta inseguridad alimentaria moderada y severa y el 32.9% restante, inseguridad leve.
A su vez, la desnutrición es un elemento fundamental de la pobreza y una violación directa de un derecho humano universalmente reconocido. El aumento de los ingresos es una condición esencial para reducir la desnutrición, pero no es suficiente por sí misma.
Precisa que en cuanto al combate a la pobreza e inseguridad alimentaria rural, las perspectivas no son halagadoras. Entre 72 y 82% de los hogares maiceros rurales destinan su producción al autoconsumo humano; es decir, no la comercializan. Según estudios recientes, el valor del maíz que estos hogares cosechan para su subsistencia es diez veces mayor que su precio en el mercado. Por lo mismo, los subsidios al precio del maíz no benefician a esta mayoría; por el contrario, generan condiciones adversas, por definición, a su actividad.
Los grandes perdedores de la reforma sectorial bien podrían ser los campesinos, la población rural y la agro-biodiversidad, en lo social, y los ecosistemas nativos y el cambio climático en lo ambiental.
