Esta es la cifra más baja registrada en la última década por el grupo de Derechos Humanos con sede en Londres, se registró 483 ejecuciones en 18 países en el 2020, un 26% menos que las 657 de 2019.
El recuento de Amnistía no incluye a China, que según la organización sigue siendo el “principal verdugo del mundo”, con miles de muertes al año, pero cuyas estadísticas están clasificadas como “secreto de Estado”.
El 88% de las ejecuciones registradas tuvieron lugar en cuatro países: Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudita, dominando el récord mundial de ejecuciones. Según la misma fuente.
El número de ejecuciones registradas en Medio Oriente se redujo en un 25%, debido al descenso del 85% de las ejecuciones registradas en Arabia Saudita y a la reducción de las ejecuciones a más de la mitad en Irak.
En el continente americano, Estados Unidos volvió a ser el único país que llevó a cabo ejecuciones, aunque su número en 2020 descendió con respecto al año anterior, pasando de 22 a 17.
“En el año 2020 se produjo un nuevo descenso en el uso de la pena de muerte en todo el mundo, y aunque la pandemia de COVID-19 ha contribuido a reducir el número de ejecuciones y condenas a muerte, también ha exacerbado la crueldad inherente a la pena de muerte”, señala el informe de Amnistía.
“A lo largo de 2020, los países de Medio Oriente y el Norte de África mostraron una persistencia despiadada y escalofriante en la aplicación de planes para ejecutar a personas, incluso en un año en el que la mayor parte del mundo se centró en proteger la vida de las personas de un virus mortal”, dijo Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional.
Sin embargo, el informe señala “un repunte significativo” de las ejecuciones registradas en Egipto, que se han multiplicado por más de tres, pasando de 32 en 2019 a 107 en 2020.
Irán ha llevado a cabo al menos 246 ejecuciones, manteniéndose como el primer país de la región en número de condenas a muerte, y el segundo del mundo después de China.
Amnistía afirma que en Irán “la pena de muerte se utiliza cada vez más como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios”.
Algunos de los ejecutados durante el año eran miembros de las minorías kurda y baluchi de Irán, según la ONG.
Además, Irán siguió aplicando la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento de cometer el delito, desafiando el derecho internacional, dijo, citando tres casos.
