La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un cuaderno de antecedentes ante la publicación de una nota en Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, sobre el trato degradante a una joven con discapacidad que está encadenada afuera de su domicilio de la calle Tlacolula, colonia Estado de Oaxaca, localizada en San Martín Mexicapan.
El ombudsperson, Bernardo Rodríguez Alamilla dijo que el órgano autónomo ha solicitado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Oaxaca de Juárez y al Instituto Municipal de las Mujeres, adoptar las medidas necesarias para atender la situación de esta persona, con la colaboración del DIF-Estatal.
Expuso que es una obligación de todas las autoridades promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Además, subrayó que cualquier acto discriminatorio o en contra de la dignidad de una persona con discapacidad debe ser investigado y atendido por las propias autoridades de los diversos niveles del gobierno mexicano.
Aparte de esto, observó que la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos.
También, destacó que en el contexto actual de la pandemia por el coronavirus, las personas con discapacidad se encuentran en mayor riesgo, debido a las complicaciones para la movilidad, o bien, actos de discriminación en su contra.
Por esto, mencionó que se deben aplicar medidas adicionales para garantizar la continuidad de las redes en apoyo a las personas con discapacidad, incluido cuando las limitaciones de movimiento, impidan el funcionamiento de las redes de apoyo familiares y sociales.
De igual manera, destacó que las personas con discapacidad corren un mayor riesgo de sufrir violencia, en particular cuando están aisladas, pues las mujeres y las niñas con discapacidad se enfrentan a tasas más elevadas de violencia de género, sexual, de pareja y doméstica.
Ante esto, Rodríguez Alamilla dijo que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben mantenerse vigilantes frente a situaciones de riesgo o emergencia humanitaria y atender o evitar cualquier trato cruel, inhumano o degradante en contra de personas con discapacidad.
