El Estado mexicano ha fallado en su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la niñez. Sobre todo, de los 618 que viven en penales junto con sus madres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en el país alrededor del 5% de las mujeres en situación de reclusión vive con un hijo o hija dentro de un Centro Penitenciario, la mayoría desarrolló el embarazo en esta condición.
En total, en 214 Centros Penitenciarios de 30 entidades federativas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó en agosto de 2016 una población de 618 niños y niñas que viven en situación de reclusión junto con sus madres.
Los estados con mayor número de niños en esta condición son: Ciudad de México (102), Nuevo León (74), Estado de México (49), Tamaulipas (48) y Veracruz (47); en Oaxaca, la cifra no rebasa los 15 en el penal femenil de Tanivet, Tlacolula.
Pero eso no los exenta de la falta de espacios seguros y específicos para su esparcimiento, alimentación adecuada a sus necesidades de desarrollo, medicinas y servicios médicos especializados para su atención, falta de guarderías y educación prescolar, entre otras carencias.
Recientemente, en la huelga de hambre que realizaron internas del penal femenil de Tanivet se evidenció la deficiencia de los servicios de atención médica para los hijos de las internas. Aleida N, una de las presas, denunció que su hija de año y medio de edad cayó enferma, pero no se le dio la atención inmediata ni adecuada.
En otros casos como Chiapas, la CNDH detectó que en un penal hay ocho espacios en dormitorios donde habitan un total de 23 niños y niñas. En el caso de Zacatecas, en el Centro de Reinserción Social Femenil Cieneguillas, se documentó que no se proporcionan alimentos a los menores que viven con sus madres internas.
De acuerdo con la ENPOL, un 50% de mujeres entrevistadas privadas de su libertad expresó estar insatisfecha con la atención que el Centro Penitenciario brinda a sus hijos.
