CHILPANCINGO, Guerrero.- Según un estudio del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (CRESIG) 26 mil hectáreas de flor de amapola eran cultivadas en el esplendor del negocio ilícito de la droga en la zona de la Sierra .
Cuando la flor madura se extrae un líquido que después se convierte en goma de opio, que si se mezcla con determinadas sustancias químicas se obtiene heroína.
Unos 6 mil 500 kilos de goma de opio se procesaban anualmente en la Sierra de Guerrero. El valor de la droga, ya convertida en heroína y en la frontera con Estados Unidos podría llegar hasta los 800 millones de dólares.
Mil 257 comunidades de 14 municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande y Zona Centro están involucradas en ese criminal negocio.
Según el estudio del Consejo, el 90 por ciento de los 145 mil 620 habitantes de esas comunidades se dedican a la siembra de la amapola porque no tienen otra alternativa ante la pobreza y la falta de otros cultivos y empleo.
Rigoberto Agosta González, dirigente estatal del CRESIG, dice que este estudio revela que todavía en el 2016 el precio en que vendían los productores el kilo de amapola era de 33 mil pesos.
Por cada hectárea sembrada sacaban 250 gramos de goma de opio.
En las buenas épocas, la gente dedicada a este negocio producía hasta 6 mil 500 kilos de amapola de opio en un período de tres meses.
"Les iba muy bien, pues tenían buenas ganancias", señala.
Pero durante el 2017, con la expansión de la venta de fentanilo entre los consumidores de Estados Unidos, que es una droga más barata porque es 50 veces más potente que la heroína y que puede ocasionar la muerte rápidamente, el precio de la amapola de opio en la Sierra de Guerrero, bajó entre 4 y hasta 5 mil pesos el kilo.
Derivado de la baja del precio de la amapola la gente tenía almacenado su producto y además la demanda de los compradores bajó ya que la querían comprar más barata.
Eso provocó más rencillas entre la gente de la Sierra e incluso que la violencia e inseguridad saliera de control, señala Acosta González.
Sin embargo, el dirigente del CRESIG, dice que luego de que a finales del 2018, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que el fentanilo ha aumentado el número de fallecimientos de adictos a este fármaco, los consumidores han dejado de comprarla.
Actualmente los adictos de ese país del Norte ya están regresando a comprar la heroína que se produce en México y eso ha generado que en la Sierra de Guerrero los productores la vendan actualmente entre 16 y 17 mil pesos el kilo de amapola de opio.
Cientos de familias desplazadas por la violencia, centros de salud y escuelas de educación básica cerrados, así como suspensión de servicio de transporte público es lo que ha generado la inseguridad.
Informes de las autoridades estatales señalan que desde el 2016, los desplazamientos de la gente se ha incrementado en pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, Petatlán, Tecpan de Galeana, Coahuayutla, Leonardo Bravo, Euardo Neri y Heliodoro Castillo.
El 14 de noviembre, mil 800 personas de Filo de Caballos y de otras seis comunidades aledañas del municipio de Leonardo Bravo fueron expulsadas por integrantes de un grupo armado que se autodenomina Policía Comunitaria de Tlacotepec.
A más de dos meses de haberse desplazado de sus comunidades, la mayoría vive en la cancha de usos múltiples de Chichihualco, que es la cabecera del municipio de Leonardo Bravo.
México, atraído por drogas medicadas
WASHINGTON DC, EU.- México es cada vez más vulnerable a una epidemia de uso de opioides ante la conjunción de factores como la relajación en las recetas médicas, el uso de heroína entre deportados y el cabildeo de la industria farmacéutica.
Así lo advierte un nuevo artículo científico publicado en el American Public Health Journal por investigadores estadounidenses, mexicanos y canadienses.
El estudio asegura que, si bien la tasa de uso de opioides legales e ilegales es baja, la coyuntura eleva el riesgo de una epidemia.
En las buenas épocas, la gente dedicada a este negocio producía hasta 6 mil 500 kilos de amapola de opio en un período de tres meses. FOTO: Agencia Reforma
"México enfrenta vulnerabilidades únicas dada su localización geográfica, los cambios en la demografía y en la carga de enfermedades de su población. Todo esto lo coloca en un gran riesgo de una epidemia de uso de opioides similar a la de Estados Unidos y Canadá", concluye el artículo científico.
Liderado por David GoodmanMeza, investigador en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, en inglés), y la doctora Maria Elena Medina-Mora, ex directora del Instituto Nacional de Psiquiatría en México, el estudio ubica los factores de riesgo creciente.
"La idea del artículo es llamar la atención de las audiencias (...) que estén alertas, que continúe la vigilancia del uso de opiáceos y las potenciales consecuencias", explicó a REFORMA Goodman-Meza.
En riesgo de aumentar cifras
Las encuestas mexicanas ubican el consumo de un opioide natural como la heroína en menos de 0.03 por ciento, pero no existen datos para el uso de los sintéticos.
Los investigadores apuntan que en México confluyen factores que podrían disparar estas tasas.
"La intersección de una frágil estructura social emergente, resultado de nacionales regresando por deportación de EU, los retos estructurales en el tratamiento del dolor, el cabildeo de compañías farmacéuticas, la creciente producción de heroína, así como su distribución y disponibilidad, y la falta de infraestructura para apoyar tratamientos basados en evidencia muy probablemente incrementan el riesgo de una epidemia generalizada en el uso de opioides en México", asevera el artículo.
En 10 páginas, los investigadores abogan por la adopción de medidas en México que impidan una epidemia como la que enfrenta EU donde 80 por ciento de las muertes por sobredosis de droga tienen que ver con opioides legales (como algunos analgésicos) e ilegales (como la heroína o el fentanilo).
"México podría pasar de ser un país de uso bajo de los opioides a uno de alto, pero tiene la oportunidad de responder eficazmente vía una combinación de vigilancia de salud pública dirigida a grupos de alto riesgo, de la preparación de infraestructura para el tratamiento, así como intervenciones y políticas para evitar una epidemia amplia de uso", apunta el artículo.
