El hecho de que las autoridades no transparenten el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción de las propiedades de los damnificados, podría provocar que los afectados tarden años en recuperar su patrimonio o que muchos no alcancen a conseguirlo, considera Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
En el Informe General 2017 - 2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional dirige un apartado al tema de los terremotos de septiembre que en Oaxaca, según cifras oficiales de las autoridades gubernamentales, dejaron 16 mil viviendas afectadas y 800 mil damificados, además de 96 muertos.
Amnistia menciona que las autoridades aplicaron medidas de rescate de sobrevivientes y de atención de emergencia con la participación de personal civil y militar, sin embargo reconoce que hubo una inadecuada coordinación entre los gobiernos.
"Se informó sobre datos incorrectos y tardíos sobre el rescate y la recuperación de cadáveres, incautaciones ilegales de alimentos y otros servicios esenciales que debían llegar a los sobrevivientes, y entregas insuficientes de ayuda a muchas zonas devastadas, especialmente en comunidades pequeñas y empobrecidas." dice el documento.
Así mismo se señala que los Gobiernos carecen de una estrategia integral para garantizar que se brinden a los damnificados opciones de viviendas seguras y adecuadas.
“Perder la vivienda tiene un efecto dominó indeseado, se pierde la estabilidad, y después se ve que no hay un Estado fuerte que dé capacidades y garantice que ante esa situación habrá una reparación clara” enfatiza al respecto Reneaum.
Amnistía Internacional lamenta que los damnificados se estén organizando entre ellos mismos para construír sus casas.
También que los servicios educativos se afecten mientras se realizan controles de seguridad y labores de reconstrucción en los centros escolares.
Además de que "miles de monumentos nacionales y otros edificios culturalmente significativos fueron destruidos o dañados."
