Las personas de origen indígena de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán, han sufrido graves violaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de la privación de libertad, durante el 2020, aseguró el director general de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), José Luis Gutiérrez Román.
El activista dijo que el olvido de las comunidades indígenas en el país no sólo se limita a la falta de accesos económicos, educativos o a bienes elementales, como agua, energía eléctrica y vivienda, sino también al sistema de justicia penal.
Explicó que las personas de origen indígena, desde el momento de su detención y hasta el tiempo de estar privadas de libertad, tienen frente a sí un aparato discriminador donde difícilmente pueden salir ilesos.
“La falta de interculturalidad y discriminación comienza a notarse desde el acceso a la información que se tiene sobre personas de origen indígena en conflicto con la ley penal”, asentó.
Fuera del aspecto metodológico –apuntó–, según datos arrojados por el Censo de Población Indígena Privada de la Libertad (CPIPL 2017), y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2017), hay cuestiones alarmantes que si bien se notaron hace tres o cuatro años, no pierden vigencia.
Subrayó que las personas de origen indígena, tanto dentro como fuera de la privación de libertad, sufren graves violaciones de derechos humanos, según ha podido constatar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante este año, a través del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.
Destacó en los estados con mayor concentración de población indígena como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán aparecen indicadores importantes de abusos de derechos humanos, entre estos privación de la vida, tortura, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias y negligencia médica, exceptuando detenciones arbitrarias.
Gutiérrez Román apuntó que sin educación, poca información y con la posibilidad patente de ser víctimas de violaciones de derechos humanos, estas personas, cuando tienen contacto con autoridades o la ley penal, se encuentran en una vulnerabilidad acrecentada.
