Comunidades indígenas zapotecas denunciaron ante la Organización de Naciones Unidos (ONU) que el incremento de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, ha ocasionado un aumento a las violaciones de sus derechos humanos, sobre todo, al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
Durante un encuentro con el relator especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, la activista de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), Isbael Jiménez, dijo que la reforma energética abrió el camino para la construcción del parque de la compañía Eólica del Sur en Juchitán de Zaragoza, mediante una supuesta primera consulta indígena aplicada por el gobierno mexicano.
Pero, observó que en el proceso de consulta entre noviembre de 2014 a julio de 2015, una misión de observación, encabezada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), documentó el incumplimiento de los principios básicos dispuestos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues “no fue libre, previa, informada, culturalmente adecuada ni de buena fe”.
Violan usos y costumbres
“En ningún momento la consulta fue culturalmente adecuada, porque no se respetaron los usos y costumbres de la comunidad, como la lengua zapoteca y los tiempos comunitarios, tampoco se tomaron en cuenta a las autoridades de la comunidad y la información se presentó en un lenguaje excesivamente técnico”, asentó.
Además, detalló que la Secretaría de Energía concedió un permiso de generación de energía a la empresa desde enero del 2014, quien además ya tenía una autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Aparte de esto, mencionó que en la consulta se presentaron alrededor de 30 incidentes de seguridad en todo el proceso, la mayoría contra quienes cuestionaron la aplicación del proyecto, el procedimiento o la información otorgada durante la consulta.
Graves violaciones
Ante esto, dijo que la APPJ presentó un juicio de amparo, el 19 de agosto del 2015, por violaciones graves al derecho a la consulta libre, previa e informada.
A su vez, Guadalupe Ramírez, integrante del Comité de Resistencia al proyecto eólico en Unión Hidalgo, explicó que los poseedores de tierras de ese municipio firmaron contratos de arrendamiento con la empresa Desarrollos Eólicos de México, S.A. de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, con poca información y proporcionada en español, a pesar de ser hablantes del zapoteco y sin contar con datos sobre las consecuencias del parque en su territorio.
