Ninguna persona que entre en Estados Unidos con un visado en regla podrá ser deportada por la orden ejecutiva firmada este pasado viernes de Donald Trump, al menos temporalmente. Así lo decidió la noche del sábado un juez del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Brooklyn, mientas miles de manifestantes tomaban las terminales de los grandes aeropuertos del país para condenar la medida.
La suspensión se mantendrá hasta el 21 de febrero, de acuerdo con la orden de emergencia emitida por Ann Donnelly contra la aplicación de la prohibición impuesta a ciudadanos de siete países musulmanes. La queja la cursó la American Civil Liberties Union en nombre de Hameed Khalid Darweesh y de Sameer Abdulkhaleq Alshawi, dos nacionales iraquíes que fueron detenidos al llegar al aeropuerto JFK.
“Nadie puede ser enviado de vuelta”, anunció el abogado Lee Gelernt a las puertas del tribunal en Brooklyn, tras esta primera victoria legal contra el decreto de Donald Trump. El corte es federal, por lo que la decisión de la magistrada cubre todo el país.
Trump viola la Constitución
La ACLU considera la prohibición impuesta por la administración de Donald Trump es inconstitucional porque está dirigida contra un grupo religioso específico. Además, al argumentar la moción, explicaron ante la magistrada que la vida de los refugiados que llegan de países como Siria corre peligro si son devueltos a sus países de origen. La orden de Donnelly, sin embargo, no garantiza la estancia permanente.
Hay, además, muchas partes en movimiento. La orden de suspensión de las deportaciones se aplica a las personas que ya están retenidas en los aeropuertos internacionales de EE UU. Sin embargo, no está garantizada la entrada en el país de ciudadanos de los siete países que cubre el decreto pese a que dispongan de visado válido. Las aerolíneas que cubren la ruta transatlántica, además, les están negando el embarque.
