“En Poder Legislativo está llevando a cabo una contrarreforma legal a fin de blindar a los funcionarios del nuevo sexenio, lo lamentable es que los actuales legisladores están echando abajo la estructura jurídica que aprobó la 61 Legislatura con el fin de evitar el retorno al pasado”, afirmó el investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Isidoro Yescas Martínez.
Dijo que el papel de los actuales diputados de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática es vergonzoso, “porque en la Legislatura pasada sus compañeros aprobaron las reformas para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y equilibrio de poderes estatales y tres años después ellos anulan todo este marco jurídico para proteger al nuevo gobierno”.
Subrayó que por ello es necesario que los integrantes de la 63 Legislatura interpongan una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el propósito de no permitir este retroceso jurídico que únicamente busca proteger a servidores públicos que comentan ilícitos en el desempeño de sus funciones.
“La reformas a la Constitución para dejar al Poder Ejecutivo facultades importantes como la designación de delegados, el atar de manos a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que sea la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso quien decida si proceden o no contra funcionarios corruptos; y la reducción del plazo, a tres años, para interponer las querellas, entre otras, no son más que limitar al Poder Legislativo, restarle su condición de contrapreso del gobernador en turno; sin duda, es un proceso de regresión”.
El Maestro en Sociología comentó que en tres años ni siquiera se agotan los procesos de auditoría en la ASE y su delimitación a tres años para que prescriba la posibilidad de presentar querellas, no es más que brinda impunidad a la corrupción; además dejar en manos de la Jucopo la decisión de presentar o no las querellas cuando a nivel nacional se está haciendo todo un esfuerzo para atender las demandas de la sociedad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, es un contrasentido y, sin duda, una violación a toda esta política de fortalecimiento de la democracia mexicana.
Ajustes
- Designación de delegados regionales.
- Reducir a tres años la posibilidad de proceder penalmente contra funcionarios corruptos.
- Otorgar a la Junta de Coordinación Política del Congreso la facultad de decidir contra quien se procede penalmente y contra quien no.
