El presunto responsable del asalto a una estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 26, ubicado en San Felipe del Agua fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva a petición del agente del Ministerio Público, al considerar que es un peligro para la víctima y la sociedad y peligro de sustracción de la justicia por el monto de la pena que se le llegue a imponer.
Durante la audiencia de término constitucional celebrado en la sala A del juzgado de control de Tanivet del circuito judicial de Valles Centrales en Ciudad Judicial de la agencia municipal de Reyes Mantecón, el agente del Ministerio Público y la defensa pública coincidieron en que el plazo para el cierre de la investigación complementaria sea de dos meses.
A las 12:30 horas inició la audiencia de término constitucional y el cual concluyó a las 13:45 horas. Pero afuera de la sala tres elementos de la Agencia Estatal de Investigación y otro más en la sala de audiencias ya esperaban ejecutarle otra orden de aprehensión en caso que quedara en libertad.
Durante la audiencia, el defensor público ya no aportó pruebas y por lo cual el agente del Ministerio Público enumeró las pruebas existentes, entre ellas el video que circuló en redes sociales, donde se aprecia que dos sujetos interceptaron a la adolescente J.I.R.C., en el puente peatonal del fraccionamiento Lomas de La Cascada.
En el video se aprecia que a las 15.30 horas aproximadamente, del 21 de enero, la adolescente con otra compañera y dos jovencitos caminaban en la calle, junto al puente peatonal cuando fueron interceptados por dos sujetos que los amagaron.
A la estudiante la sometieron y quitaron el teléfono, mientras otro de sus compañeros intentó intervenir, pero no fue posible debido a la superioridad del presunto responsable.
Con las pruebas existentes, el agente del Ministerio Público solicitò una orden de aprehensión, la cual fue librada en la causa penal 59/2019 por el delito de robo con violencia.
Los elementos de la policía municipal habían detenido a José Alberto R.D., por faltas administrativas y al salir de prisión se le ejecutó el mandato judicial, quedando a disposición del juez de control.
Durante la audiencia de término constitucional, el agente del Ministerio Público indicó que la pena máxima que se le puede imponer a José Alberto puede ser de 11 años y por lo cual existe el riesgo de la sustracción de la justicia.
De igual forma, dijo que existe el riesgo para la sociedad y sobre todo para las víctimas que son unas menores de edad.
Mencionó el fiscal que el imputado cuenta también con la orden de aprehensión en la causa penal 60/2019 y una carpeta de investigación en su contra.
Por su parte, el defensor público mencionó que debe prevalecer la presunción de inocencia y pidió como medida cautelar la presentación periódica y la restricción de acudir a ciertos lugares.
El juez al analizar el caso le dictó la prisiòn preventiva y además otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria y no cuatro como difundió ayer la institución encargada de impartir justicia, que también mencionó que los hechos ocurrieron en la colonia La Cascada.
